Evitar la Deforestación: Un Objetivo Imposible para los Mercados de Carbono

La deforestación representa el 18% de las emisiones globales de GEI (5.8 gigatoneladas de CO2 al año según el Panel de Cambio Climático). En América Latina en particular la deforestación es responsable por más de un tercio de las emisiones y en algunos países como Brasil representa más de la mitad del total de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Es de destacar además que la deforestación conlleva una serie de impactos ambientales y sociales tanto o más graves que los referidos al cambio climático. Esto explica la importancia que adquiere el objetivo de evitar la deforestación en el marco de las negociaciones internacionales de cambio climático. A lo largo de las negociaciones del Protocolo de Kioto, no se había logrado llegar a un acuerdo sobre este punto, razón por la que el tema fue omitido durante unos años. Pero ahora, ante la inminencia de un nuevo acuerdo post Kioto (2012 en adelante), la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) vuelve a ser tema de controversia en las negociaciones.

Mecanismos de Mercado

Nadie discute la necesidad de tomar medidas sobre este tema en el marco de la Convención de Cambio Climático. La discusión es acerca de cuáles son las medidas que deben ser adoptadas y particularmente si deben formar parte de los mecanismos del Mercado de Carbono, es decir, si el evitar la deforestación puede generar alguna forma de certificado comercializable.

Las razones para no incluir la REDD en un enfoque de mercado de carbono son varias y están signadas por lo que han sido las falencias demostradas en la corta vida del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un primer grupo de problemas tiene que ver con las comunidades que hoy habitan esos bosques. Es previsible que en un contexto de mercado, las mejores oportunidades sean tomadas por grandes inversionistas o empresas y vayan a beneficiar a las comunidades más pobres o grupos nativos. Es también esperable que al adquirir un nuevo valor la conservación del bosque, las comunidades que actualmente viven y dependen del bosque para su subsistencia se vean desplazados por los nuevos “propietarios” que irán a impedir toda forma de utilización del bosque so pena de perder sus certificados.

Un segundo grupo de problemas está relacionado con la forma de medir y contabilizar las emisiones o la deforestación evitada. Uno de los argumentos decisivos para retirar esta propuesta de la agenda de negociaciones durante la discusión del Protocolo de Kioto, fue el de las “fugas”. Es decir, como impedir que una actividad que provoca la deforestación en un lugar y que sea prohibida en el marco de un proyecto MDL, se traslade a otro bosque. A fin de evitar este problema, en esta nueva etapa de las negociaciones post 2012 se están debatiendo diversas propuestas orientadas a llevar una contabilidad nacional o “sub-nacional” (algunas propuestas incluso agregan una contabilidad “global”) que permita evitar las fugas.

El otro problema asociado a la medición y contabilidad de las emisiones reducidas es de las “líneas de base” o escenario de referencia. Para poder determinar el volumen de emisiones evitadas por deforestación es imprescindible conocer cuáles serían esas emisiones en el caso que no se realizara ninguna actividad para evitarlas. Esto lleva directamente al problema de definir cómo sería el futuro en ausencia de las medidas que se propone adoptar. Para ello hay algunas propuestas basadas en las tasas históricas de deforestación y otras en las previstas a futuro. Estos enfoques están siendo muy debatidos en tanto los países con mayores tasas de deforestación tendrían mayores oportunidades de negocios (y consecuentemente se verían más beneficiados) que países con bajos niveles de deforestación, lo cual estaría “premiando” a los peores.

Las metodologías para medir y contabilizar las reducciones evitadas por estas nuevas actividades propuestas también son objeto de debate. La propia definición de “bosque”, los instrumentos de control satelital, las metodologías de monitores de campo, son algunos de los problemas que enfrenta el debate en torno a la REDD. Más difícil aún cuando se intentan definir metodologías para evaluar las actividades para evitar la “Degradación”, una categoría más difusa que la de “Deforestación”.

Finalmente, siempre está la duda –y más en un tiempo de crisis financiera global como el que estamos atravesando- hasta donde los mecanismos basados en el mercado, fluctuante por definición, pueden dar cuenta de medidas estables y de largo plazo como requiere la política de conservación de los pocos e imprescindibles bosques que van quedando en pie.

Alternativas

Ahora bien, la deforestación y la degradación de bosques son actividades que claramente tienen impactos negativos tanto en lo referente al Cambio Climático como a la conservación Biodiversidad, el Agua y la propia Humanidad. ¿Cómo enfocar la conservación de bosques a través de otros mecanismos que no sean de mercado?

En general las propuestas alternativas a las soluciones de mercado no han venido de las delegaciones gubernamentales sino principalmente del ámbito de las ONGs y los grupos indigenistas. La mayoría de ellas presentan enfoques basados en la justicia ambiental, la compensación por parte de los países industrializados a los países en desarrollo (deuda ecológica) y la conservación basada en principios éticos, ambientales y de justicia social.

Por razones obvias estas propuestas son menos discutidas y consecuentemente menos desarrolladas que las que provienen de los ámbitos gubernamentales. No obstante algunas propuestas concretas se han logrado esbozar. Por ejemplo la Red Acción Climática (CAN por sus siglas en inglés) una coalición de 400 ONGs de todo el mundo ha propuesto un mecanismo de “subasta” del Monto Asignado de Emisiones que le corresponde a cada país del Anexo 1. El esquema de Protocolo de Kioto se basa en una asignación de emisiones permitidas a cada país (fruto de una larga negociación política) que fueron otorgadas “gratuitamente”. La propuesta de CAN es hacer una subasta internacional para asignar los nuevos montos de emisiones permitidas a cada uno de los países llamados industrializados y a través de ella generar los fondos que permitan financiar proyectos de conservación de bosques en los países en vías de desarrollo.

Otras propuestas -también compatibles con esta- establecen diferentes alternativas para distintos tipos de proyectos y circunstancias, permitiendo convivir a mecanismos de mercado, fondos de donación y regulaciones obligatorias. Greenpeace, por ejemplo, propone unos nuevos certificados para los proyectos de REDD que no sean intercambiables en el mercado de carbono (es decir, que no sean “fungibles” con los otros certificados de MDL o comercio de emisiones) y que cada país del Anexo 1 deba cumplir parte de sus compromisos de reducción de emisiones con estos nuevos certificados.

Obviamente en este tipo de enfoques el papel de estado y la regulación estatal es clave para el buen desarrollo de los proyectos.

Perspectivas

La diversidad de situaciones a lo largo y ancho del planeta hacen muy difícil llegar a acuerdos que contemplen todas las realidades. Más aún cuando razones y expectativas económicas se agregan a la ya compleja trama de asuntos en discusión. La deforestación tiene diversas causas; algunas de ellas se podrían evitar con mecanismos de mercado y otras no, algunos gobiernos y estados tienen capacidad de establecer regulaciones y hacerlas cumplir y otros no y finalmente algunas sociedades son más permeables a los esquemas de corrupción que otras.

Sea cual sea la solución o las soluciones finales que se adopten, algunos principios o criterios deberían ser obligatorios:

● El resultado final debe ser –sin dudas- la conservación de los bosques.

● El esquema de financiación debe estar basado en la obligación de los países industrializados de “compensar” a los países de menor desarrollo relativo por su responsabilidad diferenciada en el cambio climático.

● Los recursos económicos destinados a este fin deben servir -sin dudas- a mejorar las condiciones de vida locales y no a engrosar las ganancias de grandes inversores.

● Los pueblos indígenas y las poblaciones que habitan los bosques deben tener una participación decisiva en las decisiones sobre las propuestas de conservación.

El gran desafío que tiene la Convención de cara a la Conferencia de Copenhague es como asegurar la permanencia de estos principios en circunstancias nacionales tan diferentes, y en un marco de negociaciones mucho más amplio, que incluye una vastedad de temas casi inabarcables, donde la REDD será, sin lugar a dudas, una de las tantas monedas de cambio.